Desde su nacimiento en el año 1946, el cooperativismo dominicano ha transitado por alzas y bajas. Nacido bajo la hegemonía de la tiranía trujillista, este tipo de empresa de economía solidaria, rápidamente ganó terreno en la sociedad dominicana, que con el auspicio de la Iglesia Católica vio nacer cooperativas en casi todas las comunidades con presencia de la Iglesia.

Hasta mediado de la década del 50, el cooperativismo dominicano transitó por senderos de rápido crecimiento, llegando a constituirse en la esperanza de amplios sectores populares en la lucha contra las desigualdades sociales.

El cooperativismo dominicano se vio impulsado por la vasta experiencia en la materia, de la orden sacerdotal de los Scarboros, clérigos de origen canadienses, quienes confiaron al Padre Pablo Steele la importante tarea de propagar el cooperativismo en todos los rincones de la geografía nacional.

El Padre Pablo, sacerdote inquieto y ferviente investigador, fue un vigoroso líder en el movimiento cooperativo dominicano.  Este sacerdote con su pluma revolucionaria, emitía juicios que resultaban desafectos al régimen dictatorial de Trujillo.  Ante un pronunciamiento referente a que el cooperativismo estaba llamado a romper con el estatismo en la sociedad, cuya expresión no pasaba de ser una inspiración filosófica del clérigo, los organismos de represión del régimen trujillista respondieron con la deportación del Padre a su tierra natal, Canadá.

Desde ese momento el cooperativismo entra en una profunda crisis, que se extenderá hasta el 1963, año en el que se crea la ley que da origen al IDECOOP.  Más adelante, en 1964 se crea la ley 127 como estamento jurídico del cooperativismo dominicano, que al igual que en muchas naciones de América Latina, había nacido sin un amparo legal de tal naturaleza.

Sin embargo, y a pesar del nacimiento del marco jurídico, el cooperativismo dominicano se mantuvo en franco estado vegetativo, hasta el 1983.  En ese año, con el auspicio de la Universidad de Ohio, la Agencia Internacional Para el Desarrollo Internacional de Los Estados Unidos, (USAID) y el Banco Central de la República Dominicana, comienza a gestarse una nueva era para el cooperativismo de ahorro y crédito de nuestro país.

Con la realización de minuciosas investigaciones de la realidad social en el área rural de la República Dominicana, cuyo propósito fue el de conocer la capacidad de ahorro y las necesidades de financiamiento de amplias zonas del campo, el Programa de Movilización de Ahorro Rurales (PMAR) y el Programa de Servicios Financieros Rurales, (PSFR) contribuyeron significativamente a forjar una nueva etapa en la administración y control financiero de nuestras cooperativas de ahorro y crédito.

De igual manera, en el seno de estos programas se gestaron las condiciones  para la formación de un nuevo órgano de integración cooperativa, que aunque no se rige por la Ley 127, como sería el caso de una federación, su objetivo fundamental, fue, es y será, el fomento de empresas cooperativas viables, bajo condiciones de mercado.

En este ambiente nace la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito, Inc. (AIRAC), bajo la Orden Ejecuta 520, hoy transformada en Ley 122-05.

AIRAC  agrupa, en la actualidad, a 14 cooperativas de base, con 78 puntos de servicios o sucursales, en todo el país y una matrícula de socios que asciende a más de 285 mil personas.

El aporte económico de las cooperativas miembros de la AIRAC es incuestionable, toda vez que se analiza el componente de valor agregado en sueldos y salarios, renta del capital y beneficios anuales, que generan estas empresas. En ese sentido, a diciembre de 2008 las cooperativas del Sistema AIRAC, aportaron al PBI, un monto de RD$1,794 millones, como pago a los factores, capital, trabajo e iniciativa empresarial.

En otro orden, estas instituciones aprobaron un total de 71,311 soluciones crediticias en el año 2008, con un monto de RD$8,671.5 millones de pesos, de las cuales, un estimado de 60% se dirigió a la micro, pequeña y mediana empresa.  Con este aporte el cooperativismo de ahorro y crédito contribuye a generar y mantener empleos, lo mismo que a solucionar problemas económicos directamente a sus asociados, proporcionándoles créditos de consumos para aumentar el nivel de vida familiar.

Con 41 oficinas en la Región del Cibao, 17 en la Región Sur y 20 en la Capital y el Este, el cooperativismo representado por AIRAC, lleva servicios financieros a sectores que en el pasado no eran tomados en cuenta por la banca nacional. El éxito exhibido por las cooperativas ha provocado un cambio en la conducta del banquero dominicano, poniendo un interés en el microcrédito y las comunidades rurales, donde ya se observa una presencia notable de la banca tradicional, diferente a épocas pasadas.

Las cooperativas del Sistema AIRAC impactan en la sociedad llevando el desarrollo a cada comunidad donde operan; este segmento financiero tiene influencia en el 78% del total de las provincias del país, incluyendo a Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago.  Las 25 provincias atendidas tienen una población estimada en 7.2 millones de personas, lo que evidentemente representa un amplio mercado potencial para dichas instituciones.

Es indudable que un Sistema de Cooperativas que crece a tasas promedio por encima del 25% anual, con un monto de activos que a diciembre de 2008, supera los 13,000 millones, y con incidencia directa en más de 450 mil personas, hay que tomarlo en cuenta. 

La incidencia social y económica de este subsector del cooperativismo de ahorro y crédito no puede ser pasada por alto.  Más aun,   el aporte en materia de administración y control financiero que ha realizado el Sistema de cooperativas AIRAC es altamente significativo para el cooperativismo dominicano, por cuanto ha roto con viejos esquemas que impedían el crecimiento y el desarrollo económico y social de estas instituciones, definidas como de economía solidaria.      

Marzo de 2009.